lunes, julio 4

Dominio de la Nación y Transición Energética|LA VIDA ESTÁ EN OTRA PARTE |Por: Arturo Márquez Murrieta

Se rasgan las vestiduras sin motivo. No existe ningún país del mundo que no tenga la soberanía, rectoría y dominio sobre sus recursos naturales como áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y México no ha sido ni es la excepción.

La reforma constitucional en materia eléctrica es una de las más importantes para rescatar y transformar un Estado que pretende recuperar ser el principal actor en la vida nacional en el sentido de ser un Estado fuerte para promover las mejores oportunidades para todos y todas en educación, salud, infraestructura y acceso a bienes y servicios. Se trata de rescatar el Estado de Bienestar (o Estado Benefactor) que siempre se quedó a medias en México.

Pero hay que ser claros, estamos ante una reforma que en primer lugar rescata el sentido original de soberanía y dominio de la Nación, y, en segundo lugar, establece que la generación de electricidad debe beneficiar a los usuarios finales. Es decir, el Estado mexicano garantizará que toda la electricidad que necesita México, tanto la que genere el sector público como el privado, sea en beneficio de las personas, las familias en todo el país.

El tema de fondo en la reforma constitucional sobre la electricidad es la concepción del papel de la Nación y del Estado en la forma en que se ejerce esa rectoría y dominio sobre áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y la participación del sector privado en las mismas.

Pero hay que aclarar varias cosas para que la oposición no siga mintiendo a la sociedad y para que las y los ciudadanos no sean engañados por las élites privilegiadas del hiper-liberalismo económico.

En la propuesta de reforma a la Constitución se añade un párrafo que establecerá que el Estado preservará la seguridad y la autosuficiencia energética de la Nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Además de que no se considera a la electricidad como monopolio. Se elimina el concepto de “empresas productivas” para sustituirlo por el de organismos descentralizados que, en la lógica de la teoría y leyes de la administración pública, tiene más sentido y congruencia. En otras palabras: sólo se aclara que la producción y abastecimiento de la electricidad la debe ejercer un órgano paraestatal.

En ningún momento la reforma plantea que no habrá concesiones a particulares, y sólo se añade que corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad y que el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará sustentablemente todas las fuentes de energía de que dispone la Nación.

Por último, la reforma señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiere el país, y que el sector privado participará con el 46%. Además de que establece que el la CFE podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.

Hasta aquí las partes más importantes del contenido de la reforma constitucional. Mi reflexión es que quienes se oponen a la misma son herederos de la concepción neoliberal de la participación del Estado con respecto a los bienes de la Nación y en general con respecto a la conducción del Estado tanto en el desarrollo nacional como en la distribución de la riqueza.

El problema fundamental no es la eficiencia y calidad de los servicios prestados ya sea por el Estado o por los privados. El problema público esencial es quién se queda con los beneficios de dichos servicios y productos.

En la reforma eléctrica, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, está replanteando que los beneficios deben ser para la gran mayoría de población, para los usuarios finales, para todas y todos nosotros. Desde luego esta reforma toca o afecta directamente los intereses de un grupo privilegiado.

No hay que confundir -como mañosamente lo quiere hacer la oposición y ese grupo de la élite económica- que Nación y Estado no son lo mismo. Cuando la Constitución se refiere a la Nación habla de un concepto mucho más amplio que involucra a todas y todos los mexicanos, los bienes naturales, nuestro patrimonio y riquezas de todo tipo, desde las naturales hasta las culturales. En cambio, el Estado es un concepto que tiene que ver con nuestra vida y organización de la cosa pública, de la política, de nuestro diseño constitucional y legal, de las instituciones y órganos públicos, del territorio, su población y su gobierno.

Ni la Nación ni el Estado son el gobierno ni la administración pública. El gobierno lo representan las personas que fueron elegidas por un tiempo determinado para administrar y conducir la administración pública y las políticas públicas. El Estado va más allá de un gobierno, ya no digamos la Nación. Es decir, esta reforma no es en beneficio de un gobierno, es en beneficio de la Nación, de la población, de todos los mexicanos y mexicanas.

Las dos preguntas necesarias desde una visión socialdemócrata (que comporto y siempre lo he hecho) es: ¿a quién deben beneficiar las riquezas y recursos nacionales? ¿y quién debe conducir y garantizar que se cumpla con el pacto constitucional y consensual en una sociedad? La respuesta a la primera pregunta es que a todos y todas, a la mayoría, y no sólo a un grupo o interés particular; la respuesta a la segunda es el Estado, un Estado fuerte y presente.

La reforma constitucional en materia eléctrica es la materialización de esa concepción en la que el Estado es el rector del desarrollo y el principal factor para lograr la igualdad, al mismo tiempo que respeta y garantiza las libertades.

Esta reforma implica un parteaguas para todas y todos los mexicanos si queremos un Estado fuerte que trabaje para la mayoría de las y los ciudadanos. Estamos hablando de decidir si queremos rescatar que ese Estado esté presente en la solución de los problemas públicos nacionales para redistribuir la riqueza, dar oportunidades a las personas más desfavorecidas y vulnerables, y garantizar educación, salud, agua, electricidad, caminos, puentes, etc.

Desde luego debemos pagar por todo ello, desde luego debemos pagar nuestros impuestos para poder financiar este Estado de bienestar para todos y todas, y que queremos lograr en un futuro, esperemos, muy próximo.

Estamos ante una transformación de la vida pública del país, donde se están enfrentando dos posturas contrapuestas. Por un lado, los que desean un país de privilegios y en el que el Estado sea mínimo, no tenga presencia, no invierta en educación y salud para todos, y donde se concibe el individualismo, el materialismo y el capitalismo para la solución de todos los temas y problemas. Por el otro, los que queremos un país más igualitario (al mismo tiempo de libertades plenas), más justo, con un Estado e instituciones pública fuertes en beneficio de la educación, salud, felicidad y bienestar de todas las personas, para beneficio también de los más desfavorecidos.

Estamos en un momento crucial, tenemos por delante tres años más de gobiernos que creen en la segunda opción (frente a la inercia de 30 años de la primera visión). Serán tres años de seguir transformando con un sentido ético y moral, no desde el individualismo o el enriquecimiento de unos pocos, sino desde la construcción de una sociedad más igualitaria y, desde luego, con respeto a los derechos y libertades de todas las personas.

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