Xalapa, Veracruz., 31 de Marzo de 2021.- Con la aprobación de las reformas y adiciones a diversos decretos y leyes que en materia de seguridad presentadas por el Ejecutivo estatal, el Congreso de Veracruz se suma a la prevención, atención y solución a los problemas que los gobiernos anteriores no quisieron hacer y que únicamente se dedicaron a agravar: la inseguridad, afirmó el diputado local Carlos Manuel Jiménez Díaz.
“En esta Cuarta Transformación, las cosas están cambiado para bien; se trabaja con determinación en el combate contra la delincuencia y este Congreso, ha sido parte fundamental para consolidar esa labor iniciada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de combatir con eficacia la inseguridad, ese enemigo público que ha enlutado a miles de familias y que a muchas otras las tiene en la zozobra y en la incertidumbre”, enfatizó al presentar el posicionamiento de la Bancada de MORENA al proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas fracciones del artículo 18 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Es verdad, expuso, que aún se tiene mucho por hacer, pero todas y todos podemos tener la certeza de que en el Gobierno del Estado se está emprendiendo una lucha frontal, sin contemplaciones ni simulaciones en contra de quienes intenten o alteren el orden y la tranquilidad social, máxime si se trata de quienes cometan ilícitos, ya que, sin excepción, conocerán las consecuencias legales de sus actos al ser alcanzados por el brazo de la Justicia.
Al votar a favor del dictamen -prosiguió- como Grupo Legislativo estamos refrendando nuestra palabra de legislar para dar mayor esperanza y seguridad a todas y todos los veracruzanos.
El presente decreto presentado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública, que preside, otorga atribuciones al titular de la Secretaría de Seguridad Pública inherentes a controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que imponga o modifique el órgano jurisdiccional, así como organizar la administración y operación del Sistema Penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para procurar la reinserción social de la persona sentenciada.
También, dijo, el proponer ante los órganos jurisdiccionales los beneficios de liberaciones previas, libertades anticipadas, sanciones no privativas de libertad, y traslado de personas privadas de su libertad; igualmente, atender las solicitudes de extradición, amnistía e indulto y coordinar, dirigir y vigilar la política estatal en materia de prevención y reinserción social, de evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como de la suspensión condicional del proceso, de conformidad con las leyes de la materia.
Así como la supervisión de las instalaciones de los Centros Penitenciarios y mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal y de las y los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para su buen funcionamiento.
De igual modo, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás disposiciones aplicables, se le concede la atribución para administrar y resguardar los Centros Especializados para este grupo poblacional.
Se adiciona una atribución referente a la realización de los traslados ordenados por los órganos jurisdiccionales, de las personas privadas de su libertad a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias, brindándoles la seguridad y custodia en dichos espacios, así como cumplir los mandamientos judiciales solicitados por los jueces y las autoridades ministeriales.
Y se adicionan atribuciones que permitirán a la Secretaría antes citada, por conducto de su titular, dirigir y supervisar la Unidad de Análisis e Inteligencia, bajo su adscripción, para la selección de información y el desarrollo de estrategias que coadyuven en la preservación de la seguridad pública estatal.
Finalmente, desglosó, la Secretaría podrá dirigir y supervisar la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, lo que posibilitará generar, obtener, analizar y evaluar la información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades consideradas irregulares o ilícitas por la Ley, a través de la colaboración con las autoridades competentes en la materia.
