Saludo a las y los profesionales que integran esta Primera Jornada de Discusión sobre la Desaparición Forzada en nuestro país, evento organizado por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. y por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a la luz del parámetro de control de la regularidad constitucional.
Dirigirme a la Asociación Mexicana de Juzgadoras me trae muchos recuerdos y muy gratos, me siento nuevamente una integrante más de esta asociación.
Estamos próximos a conmemorar, como cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando que persiste esta grave violación de los derechos humanos.
La crisis de desaparición forzada por la que atraviesa nuestro país y que afecta a más de 90 mil, sí, 90 mil 600 personas, es consecuencia de una política fallida que dejó de lado a la justicia como uno de los ejes fundamentales de la gobernanza.
Esta crisis se evidenció en 2009, mediante la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco. Por cierto, decisión de la Corte, sentencia de la Corte Interamericana, cumplimentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en algunos aspectos de esta sentencia bajo mi ponencia.
Desde 2011, incorporamos en nuestro orden constitucional la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ajustar su actuación al contenido de los tratados internacionales de derechos humanos, procurando y favoreciendo la protección más amplia de las personas.
Las desapariciones, especialmente las forzadas, además de suponer la violación en múltiples derechos humanos, tienen la particularidad de ser un delito permanente o continuo; es decir, que la acción contraria a la ley es ininterrumpida mientras que no se encuentre a la persona desaparecida.
Se trata de una situación que, además de perjudicar directamente a la víctima, y a sus familiares o allegados, deteriora todo el tejido social. No solamente desaparecen personas, sino historias y esperanzas, además de la pérdida de confianza de la ciudadanía en las actividades de procuración e impartición de justicia.
Las familias y allegados de las víctimas han exigido que su participación cuente en la formulación e instrumentación de políticas y acciones de búsqueda y localización que el Estado mexicano debe llevar a cabo, garantizando el acceso pleno a la justicia y reconstruyendo el tejido social desde sus cimientos, su base.
El Estado debe garantizar los derechos humanos para que sean las instituciones que lo conforman quienes prevengan, atiendan y resuelvan dicha problemática.
Partiendo de esta obligación, hoy inauguramos las jornadas de discusión y reflexión, mediante la intervención en materia jurídica así también como familiares de personas desaparecidas. Estas jornadas proporcionan a las y los integrantes del Poder Judicial federal y estatal, un espacio de reflexión tan necesario, precisamente sobre el delito de desaparición forzada y sus consecuencias, sobre todo sus consecuencias jurídicas, ya no digamos las sociales.
Para las familias de las personas desaparecidas, propician desde este momento estas jornadas, este evento un diálogo, un diálogo necesario y permanente y además también no solo con las familias sino con los allegados de las víctimas.
Las personas juzgadoras al impartir justicia, inciden en la prevención, sanción y combate a la impunidad de este delito, pero también en las acciones de búsqueda, atención y reparación integral del daño que se causa.
Un ejemplo es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la obligatoriedad, por parte de las autoridades mexicanas, para acatar las acciones urgentes del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas urgentes, son notificaciones hechas por parte del Comité de Desaparición Forzada a un Estado miembro de la ONU de tomar inmediatamente las medidas para localizar a una persona desaparecida.
Con las acciones urgentes del Comité, el Estado mexicano por primera ocasión apresura la búsqueda de personas desaparecidas, la verdad y la justicia son fundamentales para las víctimas y también para la sociedad mexicana en general, que nunca se olviden las vidas y las historias de las víctimas, pero México tiene esperanza y busca la verdad.
Busca la verdad con ustedes juzgadoras y juzgadores, busca la verdad con la Comisión de Búsqueda, busca la verdad con la procuración de justicia, pero que este evento sea el timón con el que se navegue hacia un sistema en el que prevalezca la justicia en nuestro país.
Muchas gracias.
