• Se avaló adenda al artículo 59 Bis para dar certeza jurídica y salvaguardar el debido proceso al otorgar permisos
• El documento se remitió a la Mesa Directiva para su programación parlamentaria
La Comisión de Energía, presidida por el diputado Manuel Rodríguez González (Morena), aprobó con modificaciones, en lo general y en lo particular, por 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
Incorporó una adenda al dictamen, que fue remitido a la Mesa Directiva para su programación parlamentaria. La discusión de las reservas se realizará en el Pleno.
El diputado Rodríguez González comentó que la adenda fue del conocimiento de todos los grupos parlamentarios y aprobada por consenso por la Mesa Directiva de la Comisión.
Aseguró que en la presentación del dictamen en el Pleno de la Cámara de Diputado se le dará la institucionalidad y neutralidad que incluye a todos los grupos en el trabajo de la Comisión.
Adenda
El diputado Rodríguez González presentó la adenda al dictamen en torno al artículo 59 Bis, la cual se aprobó en votación económica.
Propuso eliminar los permisos temporales o definitivos en la figura de la suspensión, para dar certeza jurídica y salvaguardar el debido proceso. Con ello, se dará certidumbre con respecto a las inversiones relacionadas a permisos, lo que coincide con varias peticiones que hicieron los involucrados durante el proceso de análisis de la iniciativa, explicó.
Derivado de lo anterior, señaló que la junta directiva de la Comisión aprobó la siguiente redacción en el artículo 59 Bis: “La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en esta ley, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
La autoridad que lo haya expedido integrará y tramitará el expediente de suspensión del permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores quedando a salvo los derechos de terceros y el interés del Estado, refirió.
La suspensión requerirá la notificación previa al permisionario indicando las causas que motivan la suspensión, las razones por las cuales se estima procedente y la afectación que pudiera darse, en caso de que continúen los actos que ampare el permiso.
Una vez realizada la notificación, el permisionario contará con un plazo de quince días naturales, a partir de la fecha de la notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y aportar, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrido el plazo de quince días naturales, la autoridad que haya otorgado el permiso contará con quince días naturales para resolver, considerando los argumentos y pruebas que, en su caso, hubiere hecho valer el permisionario.
La determinación de suspender o no el permiso deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al permisionario sin perjuicio de las infracciones y responsabilidades en las que, en su caso, éste último incurra.
La autoridad que haya emitido el permiso se hará cargo de la administración y operación del permisionario, para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de terceros. Al efecto, podrá utilizar al personal que el permisionario venía utilizando, contratar a un nuevo operador o una combinación de las anteriores.
La suspensión tendrá la duración que la autoridad determine
El permisionario podrá solicitar a la autoridad que haya expedido el permiso la terminación de la suspensión, cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas o erradicadas, o han desaparecido, siempre y cuando la causa no tenga origen en un acto ilícito en la comercialización y/o transporte o alteración de los componentes del combustible.
Si transcurrido el plazo de la suspensión, el permisionario no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la autoridad procederá a la revocación del permiso.
En el mismo sentido, refirió que la junta directiva de la Comisión consideró que “es fundamental tener un marco regulatorio de medición que sea eficaz, con la intención de que el Estado pueda captar la verdadera renta de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. De lo contrario, seguiremos perdiendo la lucha contra el contrabando y el mercado ilícito de hidrocarburos”.
Para lograr lo anterior, señaló que es necesario que la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria encuentren mecanismos de colaboración para evitar la sobrerregulación, que los requisitos sean similares y que la información generada pueda ser compartida para combatir el mercado ilícito.
Al respecto, propuso agregar un artículo séptimo transitorio: A la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión Reguladora de Energía y el Servicio de Administración Tributaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo los actos conducentes para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas correspondientes.
Ronda de intervenciones a favor y en contra
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN), al hablar en contra del dictamen, consideró que la iniciativa del Ejecutivo intenta regresar a un monopolio de Estado en la electricidad y el petróleo. De aprobarse, dijo, se afectaría el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de hidrocarburos. “La política energética del Ejecutivo atenta contra los derechos de propiedad, no cuida al medio ambiente ni la salud de los ciudadanos”, advirtió.
A favor, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) dijo que la actual administración no lucra con los recursos del pueblo ni con la voluntad de la sociedad. Señaló que México necesita fortalecer el sector energético desde una perspectiva de seguridad nacional, la inversión extranjera y el combate a la corrupción. “El dictamen asegurará que cada uno de los consumidores finales paguen tarifas justas en mercados competitivos”, sostuvo.
Por parte del PRI y en contra del dictamen, el diputado Enrique Ochoa Reza dijo que la reforma requiere modificaciones para que sirva al país y para que brinde mejores condiciones de precio y calidad de combustibles. Propuso que en la misma lógica que se corrigió el artículo 59 Bis del dictamen se armonice su artículo sexto transitorio que, dijo, va en sentido contrario de establecer un procedimiento que no afecte a los consumidores y de fijar tiempos razonables para la suspensión de un permiso.
Al hablar a favor, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) refirió que el sector energético es una de las pruebas de que los gobiernos pasados cometían fraudes para enriquecerse y ponían la seguridad del país en otras manos. Ante esto, explicó que el centro de la iniciativa es combatir la corrupción y limpiar la vida pública de la nación. La reforma es permitente porque se necesita fomentar la eficiencia y responsabilidad de las instituciones.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) señaló que su grupo parlamentario no acompañará el dictamen porque viola las formas del proceso legislativo y el contenido de varios ordenamientos. Además, dijo, busca el control de la cadena de hidrocarburos por parte del Ejecutivo en un sector clave para la economía nacional. “El Ejecutivo quiere el control total de la cadena de hidrocarburos pese a que en dichas actividades debe haber libre competencia”, señaló.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que especialistas de todo el espectro se manifestaron a favor de la iniciativa y aunque plantearon preocupaciones precisas, se reconoció con la adenda y se mejoró de manera sustancial. Explicó que la reforma energética no se toca y no se desmantela, el mínimo cambio es que no haya excesos en la distribución y robo de combustibles. “La oposición busca la protección de las empresas extranjeras que se impusieron en el país con corrupción”, señaló.
En contra, la diputada Karem Zobeida Vargas Pelayo (PRD) destacó que habrá incertidumbre por la discrecionalidad con que se manejará el sector. “Es una iniciativa claramente inconstitucional y promueve la arbitrariedad y el autoritarismo energético enfocado en una clara intención de expropiar las instalaciones de permisionarios y manipular al sector de manera discrecional y sin esquemas jurídicos que busquen la legalidad”. Espanta la inversión y no representa una mejoría para Pemex ni consumidores; el incremento del costo será inminente.
A favor, el diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona comentó que esta reforma es una franca lucha contra el saqueo, corrupción e ineficiencia y en pro de la seguridad y la soberanía energética. Destacó que los temas principales son el almacenamiento mínimo de petrolíferos para aumentar esa capacidad a fin de salvaguardar la seguridad nacional; por ello, se elevan a rango legal las disposiciones normativas.
La diputada del PAN, María de los Ángeles Ayala Díaz sostuvo que la reforma es un retroceso. Aseguró que los artículos 25 y 28 son inconstitucionales, porque facultan discrecionalmente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos a particulares. Aseguró que su bancada está en contra del robo de combustible y en favor de sancionar el contrabando, pero se generará mayor incertidumbre jurídica en la cadena de petrolíferos e hidrocarburos y se lastimarán los bolsillos de los consumidores con el incremento de los precios de los hidrocarburos.
A favor, el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) sostuvo que el sector energético debe convertirse de nuevo en palanca de desarrollo y devolver la rectoría del Estado sobre este patrimonio. La reforma fortalece la regulación, garantiza los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas privadas y el suministro de hidrocarburos.
Por el PRI, la diputada Soraya Pérez Munguía consideró que la propuesta es un atropello a la competitividad y al desarrollo económico de México. Dijo que distorsiona las condiciones de entrada de los participantes, y a pesar de la adenda al artículo 51 Bis, no hay parámetros sobre la duración de la temporalidad; incluye conceptos ambiguos que pueden caer en la discrecionalidad de la autoridad, cambia de forma drástica e injustificada el régimen de permisos. La negativa ficta genera incertidumbre jurídica.
Por Morena, el diputado Diego Eduardo Del Bosque Villarreal sostuvo que la reforma recupera la soberanía energética nacional. Aclaró que no se trata sólo de cuestiones técnicas de supuestos expertos en la materia que pierden todo el rigor científico cuando glorifican al mercado y no toman en cuenta las condiciones históricas que llevaron a Pemex al bajo rendimiento y poca rentabilidad, que aún así, aportará este año el 17 por ciento de los ingresos presupuestarios y a pesar de todo el desmantelamiento sigue siendo una fuente importante de recursos.
Dictamen
El dictamen propone reformar los artículos 51; 53, párrafo segundo; 56, fracción XI, y 57; adiciona una fracción III al precepto 51, una fracción XII al apartado 56; el 59 Bis, y un párrafo segundo a la fracción II del artículo 86, de la Ley de Hidrocarburos.
En el artículo 51 plantea que los permisos se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a particulares, con base en el Reglamento de esta Ley.
El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas; las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso, y la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
El artículo 53 precisa que la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, según el permiso de que se trate, deberá resolver la solicitud de cesión dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud. En caso de no emitirse una resolución por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido negativo.
El artículo 56 propone que los permisos podrán revocarse por realizar actividades de transporte, almacenamiento, distribución o expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, que se compruebe hayan sido adquiridos de forma ilícita “o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”, y que haya sido así determinado por resolución firme de autoridad competente.
Respecto al artículo 57 establece que en relación con los permisos a que se refiere esta ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión, a fin de garantizar los intereses de la nación, en el entendido de que quedarán salvaguardados los derechos de terceros.
Para la continuidad en la operación de las actividades que ampare el permiso, la autoridad podrá contratar a empresas productivas del Estado para el manejo y control de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas.
En el artículo 86 indica que tratándose de las infracciones previstas, en caso de reincidencia (en el no cumplimiento de las obligaciones), además de las sanciones señaladas en la presente ley, se revocará el permiso respectivo.
El diputado José Eduardo Esquer Escobar (MC) comentó que el espíritu de la reforma es sumamente loable porque habla del combate a la corrupción. Sin embargo, dijo, si se analiza su sintaxis da la impresión de lo único que busca es el control político por parte del Ejecutivo.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) consideró que las administraciones anteriores se realizaron grandes saqueos en diferentes rubros como en los hidrocarburos.
