Activista para la salud socioemocional, teatrero, escritor y ciudadano consciente
Si todos lucharan por sus propias convicciones
en el mundo, entonces no habría guerra.
“La guerra y la Paz”, Leon Tolstoi
Ahora resulta que la iglesia católica en México, quiere sangre. Frente a los asesinatos de dos curas de la localidad de Cerocahui, Chihuahua, de la sierra Tarahumara, una de las congregaciones más humanistas y, en principio, cercana a las luchas sociales más justas, como son los jesuitas, se ha manifestado con un lenguaje que dista mucho de respetar el quinto mandamiento: “No matarás”.
Como ciudadano común, como creyente, como la mayor parte de los mexicanos, uno se pregunta: ¿La iglesia prefiere las balas a los abrazos? Además de mirar con suspicacia las noticias del pasado y recordar que las autoridades eclesiásticas nunca expresaron una postura más severa cuando, desde el poder, se asesinaba a jóvenes, familias enteras o civiles a diestra y siniestra, en aquel episodio negro de la mal llamada “guerra contra el narco”, que emprendió el mandatario menos querido que ha tenido este país: Felipe Calderón Hinojosa.
Sería una vileza y una falta de respeto a la memoria de las víctimas, y sus familias, olvidar porqué murieron. En aquel sexenio violento, con una prensa sometida con dinero, poco se sabía de los desplazamientos en diferentes regiones del país, sobre todo de las zonas más alejadas de las principales urbes. Con un cerco informativo y noticias maquilladas, no se daba cuenta de la desaparición forzada de personas. Mucho menos de los crímenes selectivos en contra de la población. En diferentes lugares, nacieron pequeñas células delictivas dedicadas a la extorsión, el cobro de piso y el secuestro, sin que hubiera autoridad que se les opusiera. Peor aún, los mismos funcionarios públicos locales eran cómplices de una serie de actos delictivos. La cadena de impunidad incluía a presidentes municipales, policías, regidores, síndicos, ministerios públicos o jueces. Los medios locales se auto censuraban o, de plano, callaban. Más que en las grandes capitales del país, esto fue una “normalidad” constante en municipios y comunidades. Esas pandillas operaban con un sello de violencia extrema; asesinaban y desaparecían ciudadanos. Desde el 2006, de manera específica, la desaparición de personas fue en aumento. Para exponerlo en términos fríos, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dejó una cifra superior a los 24 mil casos reportados. Solo de casos reportados. Los casos no reportados, pueden hacer más escandalosas las cifras. Resultado de ese trágico sexenio, familias enteras quedaron expuestas en esa espiral de violencia.
Pero, volvamos al papel de los jerarcas de la iglesia católica de esa época. El entonces cardenal primado de México, Norberto Rivera Carrera, jamás se pronunció por las víctimas de la violencia, ni cuestionó la fallida estrategia en contra de los cárteles mexicanos. El recién fallecido, cardenal Onésimo Cepeda, todo lo contrario. Apoyaba la estrategia calderonista. Algo peor hizo Juan Sandoval Íñiguez, ex arzobispo de Guadalajara, que según cables de Wikileaks, reportado por la Embajada de EUA, en las elecciones de 2006 llegó a solicitar el apoyo del entonces presidente George W. Bush para impedir que AMLO llegara al poder. Aunque hay muchas excepciones, no deja de llamar la atención la doble moral de la alta jerarquía católica, respecto a la cercanía que muchos de sus dirigentes han tenido con los poderes fácticos.
Recordemos que la política belicista, desatada por la administración de Felipe Calderón, sentó las bases para el incremento de grupos armados, en todo el país. No solo eso, hoy sabemos gracias a investigaciones periodísticas que el gobierno, desde el sexenio de Vicente Fox, negoció con los grupos criminales. De alguna manera, al momento en que el gobierno tomó partido por uno de los Cárteles, y sus socios, abrió la puerta a la confrontación. Las repercusiones de esta estrategia plantaron la sospecha de la intervención del crimen organizado en los accidentes aéreos que costaron la vida de Juan Camilo Mouriño, el 4 de noviembre de 2008, primero, y de Francisco Blake Mora, el 11 de noviembre de 2011, después. Ambos fueron Secretarios de Gobernación en funciones al momento de su deceso y cuyas investigaciones, por cierto, quedaron inconclusas. Tampoco debemos olvidar que Calderón, para llevar adelante su campaña belicista, contó con el beneplácito del gobierno de EUA, de funcionarios, legisladores y políticos estadounidenses, incluso de Barak Obama.
Pese a la información que existe de aquella criminal iniciativa, la oposición actual no tiene escrúpulos para señalar que la violencia no logra disminuir. Aunque los resultados que busca el actual gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, son alentadores, hay un componente que sigue presente y tiene su razón de ser en la cantidad de armas que circulan en el país. Armas que fueron introducidas de forma ilegal a México, en aquel programa con EUA, llamado “Fast and Furious” (Rápido y furioso), que dejó al descubierto la operación de agentes norteamericanos en territorio mexicano, bajo el consentimiento de Felipe Calderón.
La oposición también maneja un discurso belicista, de manera sostenida. Promueve ataques de odio en contra del presidente y de su familia. De su hijo menor de edad. También en contra de otros representantes del gobierno y gobernantes del Movimiento. Quisieran que el Estado enfrente a las bandas delincuenciales con el uso de la fuerza, como lo hizo Calderón. Porque en el fondo, desean que AMLO se comporte igual que ellos para justificar que, en los asuntos de política, todos son iguales. Por esa razón, el presidente López Obrador insiste en señalar que: “la paz es fruto de la justicia”.
Aunque la jerarquía católica hizo público un comunicado en el que rectifica su posición, y se muestra más conciliadora, no deja de extrañar que las resistencias a un modelo diferente de gobernar causen tanto conflicto a un amplio espectro de cúpulas institucionales, tanto políticas, como sociales y de culto. La Cuarta transformación del país, requiere seguir avanzando para lograr una sociedad más justa. El pueblo lo entiende, pero los poderes fácticos no. Para ellos, los conceptos que cada mañanera comparte el presidente, les resultan incomprensibles y lejanos. Son incapaces de entender que hay un modelo de gobierno, profundamente humano y sensible, que atiende los sentimientos y necesidades de la gente. Con humanismo, fraterno y solidario. Un gobierno, que busca no solo convencer, sino conmover a un pueblo que quiere un futuro mejor.
Aguascalientes, Ags., 8 de julio de 2022.
