miércoles, agosto 4

Avala Comisión de Vivienda reformas a la Ley del Infonavit

• Busca proteger el patrimonio de los trabajadores, agilizar trámites y servicios

• En reunión ordinaria, aprueba también su informe semestral de actividades 

La Comisión de Vivienda, que preside el diputado Carlos Torres Piña (Morena), aprobó dos dictámenes con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a fin de proteger el patrimonio de afiliados y agilizar los servicios. 

Uno de los dictámenes modifica el artículo 41 de la Ley del Infonavit, para establecer que “los intereses ordinarios que se generen a cargo de los trabajadores no se capitalizarán al saldo insoluto del crédito”, cuando un trabajador deje de percibir ingresos salariales y tenga prórroga en los pagos de amortización.

El objetivo es proteger derechos humanos, financieros y de vida, y dar la posibilidad, no sólo de obtener un patrimonio, sino mantenerlo.

También pretende “terminar con la incertidumbre que afecta a miles de familias en las que la pérdida de su fuente de trabajo también ocasiona la afectación de su patrimonio en sus bienes inmuebles”.

El segundo dictamen propone modificaciones a los artículos 29, 29 Ter y 29 Quáter, y adiciona el 29 Quinqus de la misma ley, para señalar que el Instituto, a través de su sitio de Internet, pondrá a disposición de los patrones y empleados la información necesaria que facilite la presentación de trámites y obtención de servicios.

Plantea que las personas físicas y morales registradas como patrones o sujetos obligados ante el Infonavit tendrán asignado un Buzón Digital.

Servirá para que el instituto haga citatorios, emplazamientos, requerir o solicitar informes o documentación; notificar cualquier acto, requerimiento o resolución administrativa que emita, por medio de documentos digitales.

Sobre este dictamen, la diputada Miriam Del Sol Merino Cuevas (PRI) refirió que uno de los principales beneficios, además de agilizar trámites, es el descenso de la inercia burocrática y corrupción, que “alcanza niveles mucho más significativos en el caso de la administración de justicia”, que debiera ser rápida, expedita, particularizada y gratuita “es decir, ajena a actos corruptos”.  

Explicó que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un medio excepcional para transformar la administración pública, en lo que se ha denominado “gobierno electrónico”, concepto que fusiona el uso adecuado y acentuado de esas herramientas con modalidades de gestión y administración.

Posteriormente, la Comisión aprobó su Primer Informe Semestral de Actividades del Tercer Año de Ejercicio Legislativo.

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