• La medida aplicaría para la persona sin seguridad social a la que se haya negado el servicio en clínicas, centros de salud u hospitales a cargo del Estado, señala Jaime de la Garza.
El diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez presentó al Pleno del Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto que adiciona la fracción XX Bis al Apartado A del Artículo 3° de la Ley de Salud estatal, para que el Estado esté obligado a subrogar los gastos económicos, por concepto de prestación de servicios de salud, a las personas que no cuenten con seguridad social y se les hayan negado el servicio en el sector público.
En la Tribuna, el legislador afirmó que es necesario que en Veracruz la salud sea una realidad para todas las personas, sin distingo alguno y, más aun, para quienes estén fuera de alguna institución de seguridad social, en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad que, ante una enfermedad, ponen en riesgo los recursos económicos que tienen disponibles o que se endeudan para acudir a servicios privados, cuando se les niega la atención en centros de salud, clínicas u hospitales a cargo del Estado.
Asimismo, explicó que, de acuerdo con datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México, la carencia por acceso a los servicios de salud de la población que no cuenta con adscripción o afiliación a las instituciones públicas de seguridad social, (IMSS, Issste, Ejército o Marina) o no reportó tener derecho a la atención del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es de 28.2 por ciento, “esto es, alrededor de 35.7 millones de personas; mientras que en Veracruz el porcentaje es del 31 por ciento, lo que representa un total de dos millones 508 mil personas, aproximadamente”.
El Diputado dijo que, bajo un enfoque de derechos humanos, debe entenderse que éstos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
Agregó que, de acuerdo con el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales necesarios”
A la iniciativa se adhirieron las diputadas Verónica Pulido Herrera, Nora Jéssica Lagunes Jauregui e Itzel Yescas Valdivia, así como los diputados Hugo González Saavedra y Othón Hernández Candanedo; además de las integrantes de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC). Para su estudio y dictamen fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.
