“La iniciativa de ley de la industria eléctrica no es monopolio, es rectoría del Estado”.
-Olga Sánchez Cordero, Exsecretaria de Gobernación
Por Segundo Carmelo Padilla Cruz
La derecha mexicana se nota inquieta. Es visible, en el ambiente, una dote de preocupación entre sus líderes y comitivas. Es clara su preocupación por el devenir de la política en el país. En materia energética, este nerviosismo también es evidente. Desde 2018, momento en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder del Gobierno de la Republica, en el discurso oficial, así como en las distintas acciones gubernamentales, no ha habido otra intención más que la de recuperar la soberanía energética de manos de intereses privados. Literalmente, desde el inicio de la gestión presidencial de la Cuarta Transformación (4T), el objetivo ha sido blindar y revitalizar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que de nuevo sean palancas de desarrollo económico en el país.
Sin embargo, a la oposición esta circunstancia no le ha caído muy bien. Se puede afirmar esto porque ahora sí que están convertidos en verdaderos ambientalistas; se convirtieron, de repente, en los paladines del cuidado de la naturaleza. Los que contaminaron el agua, el aire, el suelo, los ríos, los lagos y los mares; y los que entregaron gran parte de los recursos naturales a manos extranjeras y particulares por más de 30 años, parecen estar preocupados por el cuidado del ambiente presentándose como ambientalistas arrepentidos, renovados y (a veces) anónimos. Así es, desde 1982, la política neoliberal ha entregado y vendido (casi regalado) nuestra riqueza energética y los recursos naturales de los mexicanos a grupos de intereses creados al cobijo del poder conservador.
Estos político-ambientalistas cuando gobernaron el país abandonaron la mayor parte de la infraestructura hidroeléctrica, todo ello, con la finalidad de beneficiar a grupos particulares. La transición energética de la actual administración federal quiere erradicar todas esas falencias y reorientar el decurso del país en esa materia. Como bien dijo en su momento la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero: “no se trata de monopolizar los recursos energéticos, sino de dirigirlos por el mejor camino posible; no es monopolio, sino rectoría del Estado”.
Entonces, ¿por qué esta actitud hipócrita y poco convincente de la derecha conservadora? Bueno, su razón se explica desde el momento en que fue enviada a la cámara de diputados la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica”. Iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de febrero de 2021. Este hecho soberano, bajo legitima constitucionalidad, fue el detonante del despertar ambientalista por parte de sectores políticos y empresariales del país. De la nada y de repente, se gestó ese espíritu de cuidado de la naturaleza que ahora parece estar preocupado por los recursos naturales del país. Los argumentos para defender sus intereses y tapar sus malas acciones son variados. No obstante, la historia parece desmentirlos a cabalidad.
De los argumentos más “sólidos” que la derecha presenta se pueden mencionar como principales que la luz será encarecida, es decir, los costos por los pagos de la energía eléctrica subirán de precio al corto o mediano plazo con esta iniciativa de reforma (en caso de aprobarse). También que la producción de energía por medio de sustancias de origen fósil (como el carbón y el combustóleo) es muy contaminante al medio ambiente. Otro argumento es que las energías limpias, por lo menos aquellas que se generan con recursos naturales como el sol y el aire (viento), no cuestan o, en su defecto, son más baratos.
Para contra argumentar estas afirmaciones, mencionemos algunas verdades eléctricas.
- Es mentira que la producción de energía por medio de recursos como el sol y el aire tienen un costo cero. Es decir, que no cuestan nada. Viento no siempre corre y sol no hay las 24 horas del día. Toda vez que no hay aire y sol, es el Estado, a través de la CFE, quien debe pagar por ella a través de subsidios.
- La iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica enviada por el presidente no cancela contratos y tampoco monopoliza. Al contrario de ello, lo que busca es desneoliberalizar la energía eléctrica. La única y verdadera pretensión de fondo es que CFE vuelva a ser una palanca de desarrollo en el país.
- No se equivoca la derecha y el conservadurismo cuando dicen que los precios de la energía eléctrica no bajarán. Sin embargo, nadie dijo que lo harían, lo único que sí se ha dicho es que estos no van a subir (este fue un compromiso de campaña cuando el ahora presidente era candidato). Por tanto, la iniciativa de reforma eléctrica no encarece ni encarecerá la luz.
- La iniciativa no cancelará, en ningún momento, contratos de sectores privados nacionales o extranjeros, así como tampoco la oportunidad de generar luz eléctrica por medio de tecnologías limpias.
- La CFE tendrá la preferencia para subir su electricidad a la red y no estará obligada a comprar energía eléctrica a privados a través de subastas, mecanismo que perjudicaba al usuario final con altos costos.
- Se acabarán los subsidios del gobierno a empresas privadas. El dinero público será para subsidiar problemáticas de infraestructura social, no para rescatar empresas que respondan a intereses privados.
- La CFE revisará contratos con empresas privadas para analizar su rentabilidad y legalidad. Ahora, en el gobierno de la Cuarta Transformación, no se trata de entregar concesiones nada más porque sí.
- Se dará prioridad a la energía limpia que se produce en las hidroeléctricas de la CFE y se modernizarán 14 de ellas (en el gobierno neoliberal, por ejemplo, la política fue únicamente de abandono y saqueo).
- Se promoverán contratos justos con plantas privadas que generen energía eólica, solar y de ciclo combinado.
- Se garantizará que las empresas privadas entreguen físicamente la energía en tiempo y forma.
En definitiva, la transformación energética del país no pone en riesgo, en ningún momento, el principio constitucional que dice: “la electricidad es un servicio público que puede ser prestado por el Estado o por los particulares mediante concesiones”. Tampoco intenta obstaculizar la inversión privada, jamás intentará cancelar contratos a entes privados nacionales o extranjeros; antes bien, buscará proteger la soberanía del Estado y la economía de los mexicanos impulsando a los sectores marginados del territorio. La idea es que nadie se quede atrás, el objetivo es demostrar que con el pueblo es todo, y sin él, o fuera de él, nada. La transición energética de la Cuarta Transformación es una realidad. Las verdades eléctricas así parecen demostrarlo.
