martes, noviembre 30

Insus y TECHO México firman convenio de colaboración para identificar asentamientos irregulares

  • Se desarrollará una metodología para su identificación: Iracheta Carroll

Ciudad de México a 22 de junio de 2021.- El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y TECHO México, firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar una metodología para identificar con mayor precisión los asentamientos irregulares en condiciones de precariedad, que son la expresión más extrema de la desigualdad urbana en el mundo.

En México, se estima que una de cada cinco personas vive en un asentamiento irregular en condiciones de precariedad; sin  embargo, no  existe  una  estadística  precisa  que  muestre cuántos asentamientos irregulares existen, cuántas personas los habitan y en qué condiciones viven. Gracias a la colaboración con TECHO, se podrá tener una primera radiografía a partir de las encuestas de caracterización de hogares que realiza en siete estados del país donde tiene presencia.

En este sentido, el director general del Insus, José Alfonso Iracheta Carroll, reconoció el trabajo de  la sociedad civil e informó que con TECHO se desarrollará una metodología que permita identificar asentamientos irregulares, así como priorizar las ciudades en donde se debe de generar suelo apto con servicios cercanos a los lugares de empleo y a la red de movilidad, así como a equipamientos sociales, espacio público y en general, a los benefactores que ofrece la ciudad.

Asimismo, resaltó la importancia de contar con la participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para construir dicha metodología y para que en un futuro cercano se traduzca en información estadística y geográfica que se genere de forma confiable, oportuna y sistemática.

Por su parte, Dulce María Franco, Pérez, directora del Planeación y Evaluación de Proyectos del Insus, reiteró el entusiasmo con el que trabaja el sector, al poder colaborar con TECHO, primera alianza del Instituto con una organización de la sociedad civil, que surge en el marco de la Estrategia Nacional de Autoproducción de Vivienda, la cual requiere de un esfuerzo técnico para contar con parámetros y datos precisos.

“Los productos que resultarán de esta alianza son dos guías metodológicas: una para identificar asentamientos irregulares, utilizando la experiencia, soporte científico y técnico del Insus y TECHO, yotra con un enfoque de derechos humanos para acercar a las comunidades, barrios y colonias, información sobre qué es la regularización y la importancia de tener un patrimonio asegurado”, señaló Franco Pérez.

En su mensaje, la directora general de TECHO México, Emilia García Arteaga Molinar, comentó que esta colaboración representa el fortalecimiento del vínculo entre ciudadanos y proyectos de interés público, además de evidenciar que, en conjunto, podemos estar a la altura de los retos que se nos presentan, abonando a la disminución de las desigualdades.

Señaló que la participación de los ciudadanos y voluntarios que viven en dichos asentamientos, es fundamental en este proceso, “este trabajo es esperanzador y sobre todo escuchar que las instituciones públicas como el Insus, tengan esta visión social y perspectiva del tercer sector”, finalizó García Artega.

Esta colaboración marca, además, un antecedente para la ejecución de la sentencia de amparo interpuesta por TECHO México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que el INEGI aplique sus instrumentos estadísticos y censales a este sector de la población, lo que implica la formación de un frente por parte de las tres instituciones.

Actualmente, se estima que una tercera parte de la población mundial vive en asentamientos irregulares en situación de precariedad, en viviendas inadecuadas, sin acceso a servicios básicos ni a infraestructura urbana. ONU-Hábitat estima que más de 80% de la población mundial se encontrará viviendo en zonas urbanas para el 2050, lo que podría acelerar la emergencia de estos asentamientos.

Con la firma de este convenio, se fortalece la relación entre el Gobierno de México y la sociedad civil para incorporar mejores prácticas sobre la construcción social del hábitat y de organización, tomando como referencia la experiencia de los ciudadanos que habitan estos asentamientos, y así fortalecer las políticas públicas necesarias para resolver una deuda histórica con la población más desfavorecida.

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