Activista para la salud socioemocional, teatrero, escritor
{…} sin libertad de prensa, sin libertad de expresión
y reunión, sin la lucha libre de opiniones, la vida
en todas las instituciones públicas se extingue,
se convierte en caricatura de sí misma en la que
solo queda la burocracia como elemento activo.
Rosa Luxemburgo
El pasado 22 de octubre de 2021, en la red social Twitter, el empresario mexicano, devenido en líder de la oposición que aglutina a los partidos PRI, PAN y PRD, de Va x México, publicó un mensaje cargado de intencionalidad, con un aviso que decía:
“La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción u omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. Y lastimaron a México. Que no se nos olvide quien se puso de lado del autoritarismo populista y destructor.”
Aquel mensaje fue una expresión del malestar que ha ocasionado el que se les arrebaten privilegios a las clases dominantes del país. Sobre todo, a los poderes hegemónicos que históricamente se habían apropiado de los recursos del Estado. La primera en dar una respuesta digna y contundente fue la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó: “Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie”. La mandataria de la capital mexicana, publicó después en su cuenta de twitter: “Entonces, este tuit de este personaje es fascista y de una vez digo que yo estoy en la lista de la cuarta transformación”, postura que se viralizó con el hashtag #QueMeAnotenEnLaLista.
La actividad política de las últimas semanas nos lleva a recordar este episodio porque en los últimos días el árbitro electoral, el Instituto Nacional Electora (INE), ha rebasado sus atribuciones como órgano público descentralizado y de pasar a ser el garante de los procesos electorales, se ha convertido en una especie de censor ciudadano. Un policía que, a razón de quién sabe qué fundamento jurídico, se ha lanzado a perseguir y a criminalizar a diferentes actores políticos y sociales por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Esta persecución la ha dispuesto de manera sesgada, sobre aquellos que son militantes o representantes de Morena, como la Diputada Andrea Chávez o la Senadora Antares Vázquez Alatorre, además de funcionarios del actual gobierno, como la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. La gravedad de estas medidas autoritarias no se limita a los políticos, sino que se ha extendido hacia los ciudadanos de a pie, ya sean comunicadores independientes o gente que hace uso de las redes sociales para expresar con total independencia su afinidad política con la Cuarta Transformación.
En el colmo de este proceder, a todas luces arbitrario, el INE se ha valido de recursos legaloides para amedrentar y molestar a los ciudadanos, mediante citatorios judiciales. Además, ha solicitado información sobre las personas a los administradores de las diferentes redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, para incluirlas en una lista que está realizando procesos contenciosos. El instituto electoral dice que algunos de los usuarios de redes sociales hacen “violencia simbólica” (Sic). La lista de Claudio X. González cuenta con más de 200 nombres de ciudadanos mexicanos. Es inquietante y ofensivo.
Llama la atención que este atropello solo considera a quienes se expresan a favor de las causas que enarbola el gobierno actual y sobre la Cuarta Transformación. No debemos olvidar que existe una ley que protege los datos personales y que, además, el INE tendría la obligación de resguardar, ya que se trata de información sensible de todos los mexicanos registrados en el padrón electoral. Esto puede considerarse una auténtica “cacería de brujas”, que busca suprimir los derechos de participación ciudadana.
En el año de 1955, el escritor y dramaturgo norteamericano Arthur Miller publicaba “The Crucible”, que se tradujo al español como “Las Brujas de Salem” (basada en acontecimientos verídicos). En la obertura del primer acto, el autor hace una descripción del conflicto de esa historia y apunta con precisión una serie de circunstancias que guardaban similitudes con la Guerra fría de aquel entonces: “La «caza de brujas» fue una perversa manifestación del pánico que se había adueñado de todas las clases cuando el equilibrio empezó a inclinarse hacia una mayor libertad individual. Si uno se eleva por encima de aquel despliegue de maldad individual, sólo puede compadecerlos a todos, así como nosotros seremos compadecidos algún día. Todavía le es imposible al hombre organizar su vida social sin represiones, y el equilibrio entre orden y libertad aún está por encontrarse”.
La violencia y los actos desestabilizadores, que últimamente han tomado relevancia en varios Estados, parecen provenir de grupos que no han entendido que el país ha dado un giro que no tiene retorno. Los poderes fácticos quieren sembrar el miedo entre los ciudadanos, como una forma de buscar el desprestigio del gobierno de López Obrador; hacerlo pasar como ineficaz. El presidente tiene razón, cuando exhibe el carácter autoritario de sus adversarios. No quieren al pueblo, más bien lo desprecian.
Por esa razón, es de llamar la atención la selectividad del INE. Basta revisar las declaraciones, abiertamente sesgadas, que cotidianamente realizan los consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, que han contaminado los principios del propio instituto electoral. Su decidida animadversión hacia el gobierno federal es desproporcional con la labor de imparcialidad con la que deberían conducirse. En los hechos, solo demuestran que la democracia no les importa.
Frente a los escándalos de corrupción, el abuso de poder de los dirigentes políticos opositores o la propagación de falsedades, mentiras y, hasta, agresiones de otros actores políticos o medios de comunicación tradicionales, resulta sospechoso que el INE no haya hecho ningún tipo de pronunciamiento. Las legisladoras del bloque opositor como Lilly Téllez, Xóchitl Gálvez, Kenia López o el diputado Jorge Triana (apodado Desperdicio de curul), publican agresiones en contra del presidente y su familia, sin el menor recato. Por cierto, estos dos últimos personajes, se dedican a difundir videos llenos de falacias como “contra réplica”, dicen, de las mañaneras, con una leyenda que dice: “promocionado”.
Dos temas de interés superior deben subirse a la agenda pública, de manera urgente —desde el poder legislativo—, por parte de la mayoría parlamentaria de Morena: las prácticas de persecución y censura en contra de los ciudadanos, por parte del INE, y los audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre el dirigente nacional del PRI, Alejandro, “Alito”, Moreno. En particular aquellos mensajes de WhatsApp con Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del instituto electoral. Los mexicanos votamos de forma mayoritaria en apoyo a un gobierno que ha cambiado las reglas del juego político. Se votó por un ejercicio cada vez más transparente y participativo. Para que haya cero impunidad en contra de la corrupción, caiga quien caiga, como dice el presidente.
Los partidos políticos son la voz del pueblo, bajo ese supuesto, es fundamental que los legisladores y la dirigencia de Morena, principalmente, organicen la defensa de los ciudadanos, que luchen por los derechos del pueblo y que se haga un gran frente nacional para detener esta perversa embestida de los poderes fácticos, por medio del INE y sus consejeros, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Los ciudadanos de a pie, son conscientes de la importancia que tiene la lucha por la legalidad, por esa razón no se debe dejar a la gente sola de cara a este brutal acto de intimidación.
No resulta casual que cuando Andrés Manuel López Obrador habla de que cuenta con el apoyo del pueblo, justo en este momento coyuntural, se emprenda una embestida en contra de los ciudadanos. ¿Quiénes están detrás de esta campaña de persecución hacia la población, por parte de los organismos públicos? Cuando sucedió el desafuero en contra del actual presidente, mandó a volar a las instituciones de los neoliberales, porque no garantizaban un trato equitativo. Hoy, vemos que dependencias clave para la vida democrática siguen bajo el control de los grupos de intereses creados. Sobre todo, en lo que respecta a la impartición de justicia y la autoridad electoral. El año entrante se dará una batalla crucial para consolidar el rumbo de la nación, con las elecciones del Estado de México y Coahuila y todo parece indicar que el árbitro pretende desmovilizar a la población mediante prácticas coercitivas.
No parece exagerado suponer que se trata de un ensayo para articular un golpe blando, como ha venido sucediendo. Pero, el pueblo conoce la manera de responder al deshonor de los poderes fácticos, por eso le tienen miedo. No somos violentos, como ellos, pero somos muchos, millones. Si salimos a las calles, no nos detendrán. El pueblo está vigilante y la defensa de la democracia no puede verse amenazada por una minoría que solo busca que las cosas regresen a lo de antes. Los opositores, se llenan la boca gritando que este gobierno reprime y censura, en los hechos, son ellos los que desean aniquilar un proyecto que llegó al poder de manera legítima y pacífica. Son ellos quienes desean aniquilar un proyecto que llegó al poder de manera pacífica. No somos iguales.
Nota al pie de página: Es una buena noticia el pronunciamiento de las familias de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Esta posición, aunque dolorosa, parece abrir un camino a la no repetición que sirva para conocer la verdad sobre este terrible caso. Asimismo, que sea el propio gobierno quien reconozca que #FueElEstado el que actuó en contra de los estudiantes, manda un mensaje poderoso y lleno de simbolismo.
Sabemos que la derecha, no se cansa de negar la realidad, uno de sus ideólogos, Jorge Suárez Vélez, dijo que “la detención de Murillo Karam es un mensaje del presidente para el grupo Atlacomulco, para que se hagan a un lado del próximo proceso electoral en el Estado de México”. Nada más absurdo y delirante surgido de estas voces, defensoras del crimen y la impunidad.
